Fraude en el desempleo: La lucha del Siglo XXI
Antes de comentar las medidas y acciones que el Estado va a emprender contra el fraude en las prestaciones por el desempleo, es fundamental que tengamos claro que es una prestación por desempleo y a qué nos referimos cuando hablamos de fraude.
La prestación por desempleo, o más comúnmente conocida como el paro, es un sistema de cobertura económica cuyo objetivo es ayudar a la reinserción dentro del mercado laboral para aquel parado que ha perdido su trabajo de forma involuntaria. Se trata de un tipo de prestación contributiva es decir, para tener derecho a ésta, tenemos que contribuir económicamente a ella cuando nos encontramos trabajando y por tanto, su cuantía final dependerá de las contribuciones que hayamos realizado
La de tipo contributivo es la que nos interesa en este artículo y es concedida por la Seguridad Social generalmente, a aquellas personas que trabajan por cuenta ajena y que cumplen con los siguientes requisitos:
- – Estar afiliados a la Seguridad Social y en situación de alta.
- – Tener cubierto el período mínimo de cotización exigido por la ley en vigor en ese momento.
- – Estar en situación legal de desempleo (baja involuntaria).
- – No incumplir la edad ordinaria exigida para tener derecho a la jubilación.
- – Estar inscrito como demandante de empleo en el servicio público de empleo.
- – Que no exista ninguna incompatibilidad regulada por la Ley General de la Seguridad Social, como por ejemplo trabajar por cuenta propia.
Si se cumplen estos requisitos, se debe ir al Servicio de Empleo Estatal en un plazo de 15 días desde el fin de la relación laboral para poder solicitar la prestación.
¿Cuándo ocurre fraude?
Sucede habitualmente que un trabajador, por el motivo que sea, desee finalizar su relación laboral con la empresa para la que está trabajando y que del mismo modo, la empresa desee prescindir de los servicios de su empleado a un mínimo coste. Es por ello que, frecuentemente, el trabajador y la empresa llegan a un pacto privado para “arreglar el paro” de tal forma que, el trabajador tenga derecho a percibir la prestación por desempleo y la empresa, pague por el despido del trabajador a un coste mínimo fingiendo un despido con causa justa.
Desde el inicio de la crisis, los fraudes a las prestaciones por desempleo se han incrementado y así lo han hecho del mismo modo, los controles del Estado contra el fraude por el cobro indebido de estas prestaciones. Desde el año 2008 esto ha supuesto un ahorro para las arcas de la Seguridad Social de 17.356 millones de euros y unas bajas de los perceptores de estas prestaciones de 3.123.855 personas. (Fuente: https://www.elblogsalmon.com/mundo-laboral/cobrar-el-paro-y-seguir-trabajando-un-fraude-que-se-combate-cada-vez-mas )
Para este año 2017 se han establecido las siguientes medidas de prevención y control:
